Fiscales de EE.UU. interponen acciones para mantener vigente el Título 42

Para poder continuar con la deportación rápida de inmigrantes indocumentados, un grupo de veinte fiscales de EE.UU., interpuso una acción legal para mantener vigente en Título 42.

Esta acción se toma luego de las declaraciones de la Administración de Joe Biden para dejar sin efecto esta política migratoria, a partir del 23 de mayo. Los fiscales buscan la manera de evitar una supuesta “inmigración masiva en la frontera suroeste” del país.

Ashley Moody, procurado de Florida, se unió a la acción judicial de los fiscales en contra de eliminar el Título 42, alegando que no es un movimiento estratégico en medio de “la peor crisis fronteriza del país en décadas”.

Acabar con el Título 42 sería un desastre y aumentaría el caos en la frontera suroeste que facilita que los cárteles de la droga y los contrabandistas de personas avancen con sus prácticas ilícitas en nuestro país”, aseveró la procuradora de Florida en un comunicado difundido por su oficina.

El expresidente Donald Trump también advirtió que de “10 a 12 millones de personas” inundarán el país tras derogarse el Título 42.

Esta política la impuso Trump en marzo de 2020 durante su mandato presidencial, que sirvió para deportar de forma expeditiva a los indocumentados en el marco de la pandemia de Covid-19.

Es por ello que el grupo de fiscales y gobiernos republicanos actúan legalmente y solicitan a jueces mantener vigente el Título 42.

Advertencia de olas de inmigrantes

Moody alertó sobre los peligros de la rescisión de esta medida en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) calcula que “ya podrían haber 25.000 migrantes esperando en refugios al sur de la frontera” que la orden quede sin efecto para ingresar a EE.UU.

“Hay también proyecciones de que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. podrían ver hasta 18,000 migrantes al día una vez que finalice la orden”, agregó la procuradora.

La decisión de la Administración de Joe Biden motivó que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, respondiera con el envío a Washington de un autobús con una decena de indocumentados en su interior, detenidos en la frontera sur y que son solicitantes de asilo.

Los migrantes eran originarios de Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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