Carlos Molina Gil fue presidente de un banco en Las Bahamas y renunció tras una denuncia del Banco Central bahameño por una apropiación millonaria. Tras año y medio de tener una alerta roja de la Interpol, fue detenido en diciembre pasado en Buenos Aires,por ordenes de la fiscalía mexicana con fines de extradición a México

Por Stanley Luna y Sergio Rincón

Carlos Javier Molina Gil es un empresario bancario de origen mexicano que fue capturado el 20 de septiembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, porque desde el 2021 sobre él pesa una alerta roja emitida por la Interpol en México, donde es requerido por el delito de fraude. 

Molina Gil, quien vivía en Nueva York, Estados Unidos, ahora guarda prisión domiciliaria en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y realizó su primer intento para recobrar su libertad a través de un recurso de casación que denegó la Cámara Federal de Casación Penal argentina el 22 de diciembre de 2022. 

Al detenido, de acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso este periódico, lo acusan de haber participado en “una defraudación millonaria” en México. Y conoció formalmente sobre esta causa, en septiembre pasado, cuando compareció ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional nº 2 de Lomas de Zamora.

En su defensa para lograr la libertad, Molina Gil alegó que la causa en México ya “terminó”, que al salir de la prisión no puede entorpecer la investigación, porque no tiene dinero, ya que está sometido a un proceso de bancarrota en Estados Unidos por su insolvencia económica. Pero el juzgado de primera instancia sostuvo que el banquero “demostró un gran poder económico”.

El juez de primera instancia mencionó que Molina Gil estuvo relacionado con un fraude relacionado a unas inversiones de litio en Bolivia, por tanto el banquero tendría recursos para eludir la justicia.

Pero la defensa de Molina alegó que: “ (mi cliente) no participó de las inversiones en litio en Bolivia y no firmó ningún contrato. Insistimos, solo presentó a las partes involucradas en el negocio, pero no recibió un dólar de ese contrato”.

Objetivos en Brasil, México y Venezuela

En 2016, Molina Gil fundó en Panamá la casa de valores IPG Securities Asset Management, cuya página Web refiere que brinda servicios como asesoría patrimonial, cuentas de inversión, estructuración de emisiones en el mercado local, entre otros.

En abril de 2018, Molina con ayuda de su casa de valores en Panamá, IPG Securities -que a su vez es una subsidiaria de una empresa suiza-, compraron el 85 % de las acciones del Primate Investment Bank (PIB) Ltd, un banco con sede en Las Bahamas. 

En una entrevista publicada en febrero de ese año en la revista The Bahamas Investor, el hoy acusado destacó que buscaba como objetivo de expansión, tener un mercado complicado como el de Venezuela, pero también “clientes naturales” como Brasil y México.

Un año y medio después, en octubre de 2019, Gil Molina fue demandado por el Banco Central de Las Bahamas por presuntamente haberse apropiado de 3 millones de dólares del del Primate Investment Bank para su propio uso, más otros 1.7 millones de dólares en concepto de “fondos de garantías”, que el detenido habría utilizado para pagar sus deudas personales, de acuerdo con una nota escrita por el periódico  The Tribune, en abril de 2020.

Una fuente cercana al proceso de compra de las acciones del PIB, que pidió hablar sin revelar su identidad, señaló que Molina Gil y sus socios decidieron comprar el banco en Las Bahamas porque no implicaba mayor fiscalización de sus ganancias, como sí lo comenzó a hacer Suiza, donde el detenido tenía acciones en la Swiss IPG, una consultora financiera internacional.

“Las Bahamas era más flexible y, para Latinoamérica, es conveniente. Tienes cercanías de Estados Unidos”, sostiene esta fuente, que también explica el modo de operar de Molina en el banco: tomaba el dinero de los inversionistas y no lo retornaba, se lo quedaba.

Después de recibir la denuncia de un ex socio, el Banco Central de Las Bahamas ordenó una auditoría al PIB en la que encontró todas las irregularidades financieras que presentó a la Corte Suprema de Justicia y esta, por medio de la jueza Ruth Bowe-Darville, no solo confirmó la demanda contra Gil Molina, sino que le ordenó abandonar sus acciones en el banco y lo calificó como una persona “no apta y apropiada” para ese cargo. 

Luego de su renuncia, de acuerdo la fuente vinculada al PIB, en mayo de 2021,  Molina Gil ingresó al capítulo 7 de la Ley de Bancarrota en Estados Unidos, con el fin de que le perdonen sus deudas y comenzar de cero. Este es un plazo que comúnmente dura entre dos y tres meses, pero el detenido todavía está dicha fase por todas las irregularidades financieras detectadas.

“Carlos Molina está buscando que le perdonen más de 30 millones de dólares en deudas. Quienes entran al capítulo 7, son las personas que de verdad no tienen para pagar su tarjeta, gente humilde, no una persona que vive en Park Avenue, en Manhattan, o manda a sus hijos a la escuela más cara en Nueva York”, declaró una fuente.

En 2020, en México, un empresario mexicano del sector, presentó una demanda contra Molina Gil por el adeudo de un millón de dólares. Esto ocurrió, de acuerdo con la denuncia, porque el detenido ofrecio a este empresario ser parte del grupo de inversores que adquirirían PIB y para ello acordaron un préstamo de 3 millones de dólares. 

Un año después que ambos celebraron el contrato, el demandante pidió a Molina Gil retirarse de esa inversión y le pidió el dinero que le había prestado. Del monto total, solo recibió 2 millones de dólares y fue por eso que presentó la demanda en su contra, según detallan documentos públicos de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, caso  25158/JPA.

Molina, un banquero “prófugo buscado”

En agosto de 2021, un juez de control penal en Ciudad de México liberó una orden de aprehensión contra Carlos Molina Gil por presuntamente haber cometido un fraude millonario. Al no dar con su ubicación en México, la Interpol emitió una orden de detención internacional, en el expediente 2021/67315, con situación “prófugo buscado”. Fue en septiembre de 2022 que fue detenido mientras realizaba un trámite migratorio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 

La fuente vinculada al PIB señala que, aunque Gil Molina tenía orden de captura desde 2021 y ya comenzaba a ser investigado por delitos financieros, podía entrar a Las Bahamas con ayuda de su abogado.

A pesar de las investigaciones en su contra, juicios y la pandemia por COVID-19, en abril de 2020, Carlos Molina lanzó Momento México (subsidiaria de otra empresa con el mismo nombre en Estados Unidos), una fintech diseñada para integrar todos los servicios financieros en una sola plataforma, y está dirigido a minorías, como migrantes, con la promesa de reducir “casi a cero el costo de remesas”.

La Cámara detalló que el proceso de extradición “se encuentra en su etapa incipiente”. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, certificará si Molina Gil aún debe ser presentado ante las autoridades mexicanas. 

Este medio contactó a Gil Molina a través de su correo electrónico. Él pidió detalles sobre la publicación y dijo que tenía que hablar con su abogado, Mariano Cúneo Libarona, antes de dar declaraciones. El abogado fue contactado vía telefónica y correo electrónico, pero no atendió.