Salones de masajes de Chula Vista bajo supervisión
Los negocios de salud holística y los salones de masajes en Chula Vista están en la mira de las autoridades.
La ciudad de Chula Vista actualizó sus reglas sobre salones de masajes y negocios de salud holística.
La medida responde a la toma de medidas enérgicas contra actividades ilícitas como la trata de personas, la prostitución y el lavado de dinero.
El Concejo Municipal de Chula Vista aprobó una actualización del código municipal de la ciudad que requiere que los técnicos de masaje estén certificados por el Consejo de Terapia de Masaje de California.
Esta es una organización sin fines de lucro, que desalienta el abuso del masaje como fachada para actividades ilegales.
El CAMTC se estableció en la Ley de terapia de masajes, establece estándares profesionales, aprueba los programas de las escuelas de masajes y brinda un proceso de certificación voluntario para los profesionales del masaje.
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La certificación CAMTC, que es válida por dos años, es la única credencial para los profesionales del masaje reconocida por la ley estatal. y permite a los profesionales trabajar en cualquier parte del estado.
El certificado es voluntario y no es requerido por la ley estatal para ejercer en el estado, pero muchas ciudades y condados requieren la certificación CAMTC.
Según el sitio web, una persona debe tener al menos 18 años y completar 500 horas de estudio en una escuela aprobada.
Además, debe pasar una verificación de antecedentes, que incluye la toma de huellas dactilares para condenas penales.
Según la capitana de policía de Chula Vista, Myriam Foxx, actualmente hay 23 negocios de masajes autorizados por el Departamento de Policía.
A través de inspecciones trimestrales e investigaciones proactivas, las autoridades hicieron cumplir las leyes sobre prostitución y drogas y encontraron evidencia de trata de personas.
El capitán Foxx dijo que el código municipal de la ciudad solo requería permisos para empresas y técnicos de la ciudad, la policía y el condado de San Diego.
Las infracciones a las disposiciones o el incumplimiento de las nuevas regulaciones podrían dar lugar a una multa de $ 1,000 o prisión de hasta seis meses.
