ONG insta a gobiernos de EE.UU y México a proteger derechos humanos
No es un secreto que el contexto actual, demanda una serie de acciones para superar los retos críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública y proteger derechos humanos.
Es por esto que una ONG a través de una carta para instar a los gobiernos de Estados Unidos y México los a implementar políticas de seguridad y salud pública que permitan soluciones duraderas a las crisis de violencia y derechos humanos.
Solicitan proteger derechos humanos
México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años.
Por otro lado, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
En la carta expresan que, a un año de la adopción del entendimiento, les preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública.
Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares.
Además, dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia.
Numerosas violaciones por las fuerrzas armadas
Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas.
Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.
