A través de los celulares EE.UU rastrea a sus ciudadanos
El Gobierno de EE.UU rastrearía a sus ciudadanos a través de los celulares, según una denuncia de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La ACLU obtuvo archivos el año pasado, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que revelan las capacidades del Gobierno estadounidense para espiar a la población.
El DHS y sus agencias de aduanas, protección fronteriza y control migratorio, compraron masivamente datos de ubicación de celulares de ciudadanos, sin presentar órdenes judiciales.
Según ACLU, estos informes «arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal».
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Investigación inició por una denuncia del The Wall Street Journal
La ACLU efectuó una demanda por la Ley de Libertad de Información (FOIA), para acceder a la información.
The Wall Street Journal ya había denunciado la compra sin orden judicial datos, para conocer la ubicación confidencial de ciudadanos en 2020.
El periódico estadounidense aseguró que esta práctica fue realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
A raíz de la publicación del The Wall Street Journal, ACLU decidió realizar la demanda por la Ley de Libertad de Información, para obtener acceso a los archivos.
Ubicación de celulares revela mucha información
ACLU indicó, que la compras masivas de datos se hicieron, a pesar que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibe al Gobierno obtener la ubicación de celulares, sin una orden judicial.
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Nathan Freed Wessler, de la ACLU, informó que «la Corte Suprema ha dejado claro, que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela muchas privacidades, merece la protección total de la Cuarta Enmienda«.
No obstante, el gobierno estadounidense ha intentado «lavarse las manos de cualquier responsabilidad en la compra de datos», según lo indicó Shreya Tewari, también de la ACLU.
Esta organización asegura que la compra de datos de celulares, confirma que el Congreso necesita aprobar una ley que ponga fin a esta práctica.